Este tipo de empresas persiguen un doble objetivo: por una parte pretenden generar empleo y por otra se esfuerzan en sacar de la exclusión social a colectivos marginales para que estos no dependan económicamente del Estado. Las empresas de inserción emplean generalmente a minorías étnicas, discapacitados tanto físicos como sensoriales, mujeres maltratadas… entre otros.
Aproximadamente en nuestro país contamos con cerca de 200 de estas empresas, las cuales ocupan un total de 4.000 personas. Para que estas empresas puedan funcionar necesitan de subvenciones del Estado pero en muchas ocasiones también generan recursos económicos para el país, además de un ahorro aproximado de 28 millones para el Estado. Otro dato de interés es el que ofrece un estudio de la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (Faedei) que informa que en algunas comunidades reciben más de 43% de lo empleado como en Canarias, y en otras, como Castilla y León, la cantidad aportada se recuperaba doblemente.
El 90% de los empleados de inserción terminan saliendo al mercado laboral ordinario.
Empezaron con tareas de reciclaje, pero han ido buscando nichos de empleo allá donde no llegan, o que no les interesa llegar a las grandes compañías. "La crisis no nos está repercutiendo tanto como a otros, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar en crisis, pero sí estamos teniendo dificultades para sacar a los trabajadores a las empresas ordinarias", dice Nieves Ramos, presidenta de la Faedei.
Roberto Oyaga es gerente de Mapiser, una de estas empresas que opera, fundamentalmente, en Aragón. De sus 80 empleados, el 80% son de inserción -aunque sólo se les exige un 50% al cabo de los tres años- y las actividades que realizan son diversas: mudanzas, manipulados industriales, embalaje de maderas. "Antes de la crisis salían al mercado ordinario entre un 15% y un 20% de los trabajadores de inserción. El año pasado y este, uno o dos solamente", dice. El 35% de su negocio lo contrata la empresa privada, el resto, la pública. "Ya que el mercado privado se nos ha venido abajo, creemos que la empresa pública debería hacer un esfuerzo por contratar nuestro servicio, porque estamos peleando en condiciones de competitividad absoluta con la competencia", dice Oyaga.
Hay, sobre eso, algunos buenos ejemplos, como la Comunidad de Navarra, donde, por decreto, el 9% de las obras y servicios que contrata tiene que hacerlo con estas empresas. O la reserva de 30 millones del Ayuntamiento de Barcelona para lo mismo. El de Burgos ha contratado con ellas un catering para llevar comida a domicilio a las personas mayores...
"Esos son los nuevos nichos, muy importantes en el mundo rural, donde no llegan las grandes empresas. Ahí es donde éstas deben actuar, ya que contratarán con la Administración y les quedará un poco de mercado privado", dice Gustavo García Herrero, autor de un libro sobre la Ley de Dependencia y su aplicación en el mundo rural. "Todos los servicios domiciliarios asociados con las personas dependientes son muy adecuados para estas empresas, o los parques comarcales de ayudas técnicas, como camas articuladas, sillas de ruedas, que pueden alquilarse, venderse, repararse", dice García Herrero. De esta manera, personas con dependencia trabajarían para personas con dependencia.
